Enfoque

Desde la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en 1990, se ha transformado la perspectiva en que se considera y se trata a la infancia en todo el mundo, ejerciendo además una profunda influencia en las legislaciones, los programas y las políticas nacionales e internacionales.

 

Este avance conceptual y normativo internacional ha significado la construcción de una nueva perspectiva respecto de los propios derechos de niños, niñas y adolescentes así como de las propias obligaciones que competen a los estados y a la comunidad.

 

Este enfoque ha puesto el acento en el fortalecimiento de modelos de intervención que aborden la situación de las familias a partir de políticas de protección y promoción de sus derechos, desde una perspectiva que atienda la diversidad cultural, social y de género.

 

Un elemento central del enfoque se refiere a la consideración de los NNyA como sujetos de derecho, y no como objeto de protección. De esta manera, reconociéndole la capacidad de tener y ejercer derechos, se supera la noción de niño definido por su incapacidad jurídica.

 

Tanto la normativa nacional, y también en el caso de la provincia de Buenos Aires, han avanzado en la incorporación definitiva de conceptos centrales de este enfoque, a saber:

 

- el niño, niña y adolescente como sujeto de derecho,
- la permanencia del mismo/a en el seno del núcleo familiar,
- el interés superior del niño/a,
- la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la CIDN.

 

La Provincia de Buenos Aires ha sancionado el marco normativo de referencia (Ley 13.298) y es una de las jurisdicciones que ha avanzado en la implementación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos en consecuencia dado además su importancia relativa en el conjunto de los gobiernos provinciales.

 

El plexo normativo avanzó en el establecimiento de políticas públicas dirigidas a la infancia y la definición de los organismos de aplicación como éste.  organizaciones sociales que permitan una adecuada articulación entre ellas y de ellas con el Estado.

 

La aplicación y los mecanismos que hacen exigibles estas medidas en el marco del Sistema implica un cambio sustancial con respecto al régimen anterior que centralizaba en la figura del Juez la solución de las cuestiones asistenciales, civiles y penales de las personas menores de edad y sus familias.

 

A partir de la nueva legislación tanto nacional como provincial, cuando los derechos del niño se ven amenazados o vulnerados, se ven involucrados todos los organismos de la administración pública bajo el principio de corresponsabilidad institucional.

 

La estructura del SPPDN reconoce tres instancias integradas pero diferenciadas entre sí. En la base del mismo se encuentran un conjunto de Políticas Públicas Básicas y Universales definidas como necesarias para el pleno desarrollo del niño, niña y adolescente: educación, salud, desarrollo social, educación, cultura, recreación, participación. Así mismo se plantea la garantía estatal para el pleno acceso a las mismas, la gratuidad, la prioridad en la atención y la permanencia en ellas a lo largo de todo su crecimiento.

 

Como segunda instancia se define un conjunto de políticas específicas, que conforman las Medidas de Protección de Derechos. Las mismas están dirigidas a restituir los derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias por acción u omisión del estado, la sociedad o la familia o bien por la propia conducta del niño.

 

 La última instancia del Sistema son las Medidas Especiales y Excepcionales. Son aquellas que deben adoptarse cuando agotadas todas las posibilidades de implementar medidas de protección integral y por razones vinculadas al interés superior del niño, éste debe separarse temporal o permanentemente de su grupo familiar primario o de convivencia.

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